La junta de gobierno delega en el director de área una gran parte de los trámites
La Voz, 26 de enero de 2016.
El gobierno local acaba de culminar los trámites para remodelar el funcionamiento interno de la concejalía de Rexeneración Urbana. En los últimos tiempos había sido muy cuestionada tanto por empresarios del sector de la construcción como por los partidos de la oposición, por el retraso acumulado en la concesión de licencias. Los expedientes salen de María Pita a un ritmo por debajo de la mitad del que tenían anteriormente, algo que el edil del área, Xiao Varela atribuye a un mayor celo en las labores de control para evitar que se repitan casos como el del Conde de Fenosa.
Los cambios suponen la entrada en funcionamiento de una nueva dirección de apoyo, la quinta que nombra el ejecutivo local. Jorge Juan Cao Abad ocupa el puesto y asume un buen número de competencias en una reforma que «ten como obxectivo o de conseguir deseñar unha estrutura municipal máis executiva, áxil e eficaz, que cumpra a súa misión con arranxo aos principios de economía e eficiencia», según indican desde el propio gobierno local en sus razonamientos.
Sobre Cao Abad recaen un buen número de atribuciones que hasta ahora correspondía a la junta de gobierno local. Entre ellas, la contratación de obras «estritamente necesarias» para el funcionamiento del área, la gestión de pagos de servicios, alquiler de locales y, sobre todo, la resolución de procedimientos para concesión, desistimiento y declaración de caducidad de licencias de distinto tipo, especialmente aquellas de menor calado y que actualmente atascan el servicio.
Otorgará las de obras y usos de carácter provisional, las de movimientos de tierras, actividad y apertura -salvo cuando lleven aparejada otra de obras dependiente de otro órgano-, obras menores, primera ocupación, carteles y paneles, cerramientos y vallados, entre otras.
Desde el gobierno local recuerdan que no solo se encargará de licencias, sino de otros de asuntos, e insisten en que en los últimos días se reforzó la plantilla de Urbanismo precisamente para darle más agilidad a una sección caracterizada por una elevada carga de trabajo. No solo se gestionan las solicitudes de permisos, sino también, por ejemplo, las 50 alegaciones presentadas por los propietarios del Conde de Fenosa al plan de demolición parcial y las 171 solicitudes de indemnización por ese mismo asunto.
Solo desde el 1 de agosto se acumulan unos 350 expedientes en proceso de tramitación -no quiere decir que estén fuera de plazo- a los que hay que sumar otros anteriores. Varela aclaró días atrás que más del 70 % de los trámites en licencias son expedientes de gobiernos anteriores que quedaron sin resolver.
En lo que va de mandato se han concedido poco más de 90 licencias -un tercio de ellas de ascensores- en un plazo de siete meses. Antes se daban a un ritmo de unas 500 al año. La situación ha generado críticas desde la asociación de promotores, Aproinco, que acusó a la concejalía de tratarlos «como a delincuentes». Varela respondió explicando que lo que ha cambiado es que ahora hay más «rigor», también «un volumen ingente de procesos heredados» y falta de personal a causa de las leyes estatales que limitan la renovación de vacantes.
En los próximos días se prevé que la cifra que se lleve a junta de gobierno local aumente y que comience a desatascarse el servicio. Al menos media docena serán aprobadas el próximo viernes.
